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19-02-2013 : Galería

Moda espeluznante: los ecologistas se enfrentan a peligros mortales

Con las muertes de activistas asesinados en Brasil, Camboya, Filipinas y en otros lugares, 2012 ha sido quizá el año que ha conocido más violencia contra aquellos defensores del medio ambiente. Hasta ahora, se ha hecho muy poco para parar este espeluznante desarrollo.

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¿Dónde está Sombath Somphone? Con el paso de los días, el destino de uno de los activistas ambientales más destacados del Sudeste Asiático, desaparecido en las calles de Laos en diciembre, se vuelve más preocupante.

Su caso ha llegado al Departamento de Estado y a innumerables ONG’s de todo el mundo. Sin embargo, las autoridades de Laos no han proporcionado ninguna información sobre lo que ocurrió después de que Sombath fuera detenido en un control de policía un sábado por la tarde en la capital de Laos, Vientiane, cuando volvía a casa de la oficina. Aumentan las hipótesis de que parece que se debe más un secuestro estatal, o algo peor, si damos crédito a las recientes pruebas que apuntan a que el Estado está detrás de los asesinatos de ecologistas en otros países.

El peligro personal no es lo que la mayoría de los defensores del medio ambiente tienen en mente cuando se comprometen con la protección de la naturaleza y con la gente que depende de ella en su vida diaria. Pero de Laos a Filipinas pasando por Brasil, la lista de ecologistas que han pagado su activismo con sus vidas va aumentando. Las cifras son desalentadoras, especialmente las del último año.

Wikipedia Commons

Defensores del Medio Ambiente

Uno de los casos más asombrosos es el que ocurrió el año pasado en Río de Janeiro, en el último día de la Cumbre de la Tierra Río+20. La tarde del 22 de junio, delegados de todo el mundo —yo mismo incluido—, nos estábamos preparando para salir hacia el aeropuerto, mientras Almir Nogueira de Amorim y su amigo João Luiz Telles Penetra emprendían su viaje de pesca en la bahía de Guanabara.

Los dos, además de ser pescadores, eran líderes de AHOMAR, la organización local de marineros, y tres años antes habían ayudado a organizar la lucha contra la construcción en la bahía de gaseoductos para la nueva refinería de la compañía petrolífera nacional de Brasil Petrobras. Los gaseoductos, según ellos, generarían contaminación y conllevarían trabajos de ingeniería que destruirían la pesca.

La causa que ellos defendían, la protección del sustento de la gente que vive del uso de los recursos naturales, fue el tema central del programa de la conferencia de Río sobre el desarrollo sostenible. Pero alguien en Río lo vio como una amenaza. Dos días más tarde, se encontraron los cuerpos de los dos hombres. Uno de ellos fue asesinado en la orilla, atado con cuerdas de pies y manos. El otro fue encontrado en el mar, estrangulado y atado al barco, que presentaba varios agujeros en el casco.

Margarito Cabal fue el decimotercer ecologista asesinado en Filipinas en los dos últimos años.

Este no fue un asesinato aislado. En tres años, desde que se creó AHOMAR, otros dos militantes han sido asesinados. Hasta hoy nadie ha sido condenado por ninguno de estos crímenes. Se espera que la refinería abra el próximo año.

El mes antes de que fueran asesinados los dos pescadores brasileños, un funcionario del otro lado del mundo, que estaba haciendo campaña contra el plan de construcción de una presa hidroeléctrica en el sur de la isla filipina de Mindanao, fue asesinado a balazos. Margarito Cabal volvía a casa después de una visita a Kibawe, uno de los 21 pueblos cuya inundación estaba prevista en el proyecto hidroeléctrico de 300 megavatios de Pulangi V.

El asesino de Cabal escapó y aún sigue sin ser identificado. No se ha realizado ninguna investigación, pero la atención se ha centrado en las fuerzas de seguridad del gobierno. Según la Organización Mundial contra la Tortura, la red internacional con sede en Suiza que se ha hecho cargo del caso, los soldados filipinos llevaron a cabo operaciones militares durante varias semanas cerca de Kibawe y atacaron a grupos de campesinos contrarios a la presa. Si los soldados no lo hicieron, seguro que sí ayudaron a crear una atmósfera propicia para que los ecologistas fueran vistos como un blanco para la violencia.

Cabal fue el decimotercer ecologista asesinado en Filipinas en los dos últimos años. Siete meses antes, un misionero católico fue asesinado tras oponerse a las prácticas de minería local y a los hidroproyectos. “La situación está empeorando”, afirma Edwin Gariguez, el director local de Cáritas, la organización benéfica católica.

En otros países también está empeorando. Las ONG’s y el Observatorio de los Derechos Humanos mantienen que en 2012 hubo un nuevo descenso en el respeto de los derechos humanos en Camboya. Muchos activistas fueron objetivos de los cuerpos de seguridad estatales y de bandas organizadas que trabajan para las compañías que explotan los recursos naturales del país.

Chutt Wutty fue asesinado a balazos mientras llevaba a periodistas locales a ver explotaciones forestales ilegales en Camboya.
Uno de esos activistas era Chut Wutty, un antiguo soldado y activista camboyano de Global Witness, una ONG con sede en el Reino Unido que subraya los lazos entre la explotación medioambiental y los abusos en los derechos humanos. Cuando Global Witness fue expulsada del país hace unos años, Wutty creó el Grupo de Protección de Recursos Naturales para ayudar a los habitantes de Camboya a enfrentarse a las talas ilegales.

Sin embargo, el pasado mes de abril, Wutty fue tiroteado, según parece, por un grupo de la policía militar con el que se cruzó mientras llevaba a periodistas locales a ver las explotaciones forestales ilegales del oeste del país. Según el informe del gobierno, el agresor de Wutty fue asesinado in situ, supuestamente por un guarda forestal. Un tribunal provincial acaba de abandonar la investigación del asesinato de Wutty y de liberar al guarda. Uno de los periodistas, que huyó al bosque cuando comenzó el tiroteo, declara que no se cree la versión oficial de lo que ocurrió y grupos de defensa de los derechos humanos también han afirmado que les parece inverosímil.

La criminalidad es el centro de muchos de los casos de destrucción de bosques en el mundo. Un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente concluyó que hasta el 90% de la industria de explotación forestal se encontraba de un modo u otro fuera de la ley. En dichas circunstancias, la violencia contra los que intentan proteger los bosques se ha convertido en endémica.

El pasado noviembre, se produjo la culminación de una extraordinaria vendetta contra una familia mexicana que intentaba proteger los bosques de las montañas del sur de México de las compañías de explotación forestal y de los capos de la droga, que querían talar el bosque para plantar marihuana y amapolas de opio.

Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán, estaba conduciendo un todoterreno para subir a un cerro con su hijo y buscar un lugar donde hubiese cobertura para el teléfono móvil, cuando unos hombres armados les tendieron una emboscada. Durante los días anteriores al suceso, había estado intentando organizar la evacuación de 45 familias de su pueblo, situado cerca de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, que estaban sufriendo el acoso de los traficantes de droga. Por ello, tenía escolta policial. Sin embargo, la escolta desapareció misteriosamente minutos antes de que ella y su hijo murieran bajo una lluvia de balas.

El año anterior, su marido y dos de sus hijos habían sido asesinados en circunstancias violentas similares. Según el activista local defensor de los derechos humanos Manuel Olivares, más de 20 miembros de la familia Villa han sido asesinados porque se negaban a renunciar a sus bosques. Hasta el momento, a pesar de las promesas gubernamentales, no se conoce ninguna detención por ninguno de los asesinatos.

Global Witness estima que la tasa de mortalidad entre los ecologistas se ha duplicado a más de dos muertos por semana.

Este tipo de asesinatos ocurren en todo el mundo, habitualmente en las regiones más alejadas, donde es difícil hacer valer la verdad. Estos sucesos pueden parecer casuales, casi fortuitos. No obstante, Andy White, coordinador de la Rights and Resources Initiative de Washington, organización que ayuda a los grupos ciudadanos a luchar por el control de sus recursos naturales, mantiene que existe un patrón emergente. “Como los conflictos por control de la tierra, los bosques y los minerales están creciendo, los activistas que quieren parar a las industrias extractoras se encuentran bajo mucha presión y algunas veces lo pagan con sus vidas”.

Global Witness lleva el recuento de los asesinatos de activistas sociales y del medio ambiente, y afirma que esta moda está aumentando de forma espantosa. Se estima que la tasa de mortalidad entre los activistas se ha duplicado en la última década, llegando a más de dos muertes por semana. Brasil, Colombia, Perú y Filipinas son los lugares más peligrosos para los activistas, según la organización, pero indican también que en algunas regiones de África muchas muertes nunca llegan a conocerse a nivel internacional.

¿Sombath Somphone está destinado a unirse a ellos? Este laosiano de 60 años posee una ilustre carrera en el ámbito del desarrollo, entre sus trabajos consta su labor de consultor para la UNESCO. Hace dieciséis años, fundó el centro participativo de capacitación y desarrollo Participatory Development Training Centre (PADETC) a través del cual recurre a la educación para animar a granjeros, pescadores y otros trabajadores, especialmente a las mujeres campesinas, a participar en el gobierno y gestión de los recursos naturales.

Movimiento Joven ASEAN

Photo by Steffen Foerste

Los disidentes piden información sobre el activista laosiano Sombath Somphone, desaparecido desde diciembre.

Los disidentes piden información sobre el activista laosiano Sombath Somphone, desaparecido desde diciembre.
Su enfoque es explícitamente budista y sus 50 proyectos de larga duración con sólidos colaboradores incluyen varios ámbitos, desde las piscifactorías hasta el reciclaje de residuos domésticos. El centro PADETC ha sido reconocido por el gobierno y recibe apoyo y financiación de prestigiosos organismos extranjeros como Oxfam, la Unión Europea o la McKnight Foundation, una fundación familiar de Minneapolis. En 2005, le concedieron el premio Ramón Magsaysay para activistas sociales, conocido habitualmente como el premio Nobel asiático.

Sombath parece ser un enemigo molesto de un gobierno sensible. Es, según todos, un conciliador y un pacifista, un líder comunitario más que un activista. El 15 de diciembre, en lo que parecía ser un rutinario control de tráfico, la policía paró su jeep en las afueras de Vientiane. Mientras hablaba con los agentes, apareció un individuo en una motocicleta y se fue en su vehículo. Entonces, poco después, llegó un camión del que salieron dos personas, que lo empujaron dentro del vehículo y se fueron. Todo esto fue grabado por una cámara. No se le ha visto desde entonces.

Las autoridades estatales mantienen que el secuestro no tiene nada que ver con ellos y que no saben nada del paradero de Sombath. Sin embargo, la gente que ha visto la cinta dicen que es difícil de entender por qué la policía no intervino, a menos de que tuvieran órdenes de no hacerlo. Creen que las autoridades están involucradas. Además, consideran que la razón de esta repentina antipatía estatal por el amable líder de la comunidad budista proviene de una importante reunión que copresidió dos meses antes del secuestro.

El evento se llamaba Asia-Europe People’s Forum, el foro de los pueblos entre Asia y Europa. Tuvo lugar justo antes de que Laos fuera la sede de una cumbre de jefes de gobiernos europeos y asiáticos. El gobierno de Laos lo aprobó y reunió a los ciudadanos del medio rural para que trataran sus problemas. En una de las reuniones se abordó el tema del acaparamiento de tierras y algunos delegados abordaron en la reunión la pérdida de sus tierras en favor de agricultores de caucho de la vecina Vietnam y de otros países. En ese momento, los agentes de seguridad de Laos empezaron a grabar el debate y parece que después intimidaron a las personas que participaron en él y fueron a visitar sus pueblos.

Las autoridades laosianas afirman que el secuestro de Sombath Somphone no tiene nada que ver con ellos.

Varios de los organizadores del evento se quejaron al gobierno por la intimidación y las amenazas, y llamaron la atención de las Naciones Unidas y de agencias donantes extranjeras. Entre esos organizadores se encontraban Sombath y Anne-Sophie Gindroz, la directora de Helvetas, una ONG suiza especializada en desarrollo agrícola. Gindroz me afirmó que creía que la intención del gobierno siempre había sido utilizar el foro para “identificar, controlar y documentar todo lo decían, escribían y hacían” las personas y organizaciones asistentes.

La reacción de enfado de los organizadores del evento evidentemente avergonzó al gobierno en el aquel momento en el que el mundo los estaba mirando. La respuesta estatal fue intensificar el conflicto. El 7 de diciembre, Gindroz fue acusada de llevar a cabo una “campaña antigubernamental” y se le dieron 48 horas para que abandonara el país. Ocho días después desapareció Sombath.

Desde entonces, otros activistas han huido de Laos temiendo por su seguridad. Los granjeros y aldeanos que participaron en el foro “todavía están siendo investigados a día de hoy”, apunta Gindroz. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, compañeros galardonados con el premio Magsaysay y muchas otras personas han pedido al gobierno de Laos que busque a Sombath.

Puede que estas llamadas funcionen. Gindroz mantiene que el gobierno de Laos no es para nada monolítico. Los radicales ven a la gente que lucha por ellos mismos como una amenaza, pero también como elementos progresivos. Si Sombath sigue con vida, Gindroz cree que la presión internacional es vital para asegurar su liberación. Ahora mismo, declara, “no tengo ni idea de su paradero ni de si está a salvo o no, sólo tengo grandes preocupaciones y fuertes esperanzas”.

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Fred Pearce

ACERCA DEL AUTOR
Fred Pearce es un periodista y escritor autónomo asentado en Reino Unido. Colabora como consultor medioambiental para la revista New Scientist y es el autor de numerosos libros, como When The Rivers Run Dry y With Speed and Violence. En sus artículos anteriores para Yale Environment 360, Pearce abordó la cuestión de cómo los pueblos indígenas están usando la tecnología GPS para proteger sus tierras y sobre la promesa de una agricultura climáticamente inteligente“.