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28-02-2017 : Reportaje Especial de E360

En Honduras, defender la naturaleza es un negocio mortal

Berta Cáceres luchó para proteger las tierras indígenas de Honduras... y lo pagó con su vida. Ella es una de los cientos de víctimas de una preocupante tendencia mundial: los asesinatos de los activistas medioambientales que intentan bloquear programas de desarrollo. El primero de una serie.

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Vinieron a por ella una noche del pasado mes de marzo, cuando Berta Cáceres se preparaba para irse a dormir. Una fuerte patada rompió la puerta trasera de la casa segura a la que se había acabado de trasladar. Su compañero y amigo de la familia, Gustavo Castro, la escuchó gritar: “¿Quién anda por ahí?”. Luego tuvieron lugar varios disparos. Él sobrevivió. Pero la activista social y ambiental más célebre y valiente de Honduras murió al instante. Tenía 44 años. Fue un asesinato político a sangre fría.

Berta Cáceres sabía que corría un gran riesgo de ser asesinada. Todo el mundo lo sabía. Le había dicho a su hija Laura que se preparase para vivir sin ella. En el discurso del prestigioso Premio Medioambiental Goldman, que le fue otorgado en los Estados Unidos hace menos de un año, se advirtió de las continuas amenazas de muerte que recibía, antes de añadir: “Su asesinato no sorprendería a sus colegas, quienes guardan un elogio, pero esperan no tener que utilizarlo nunca”.

Austraberta Flores, la madre de Cáceres, explica que las autoridades eran conscientes de las amenazas, pero que no hicieron nada para proteger a su hija. JEREMY RELPH PARA YALE E360

“Sabía que tenía miedo”, afirma María Santos Domínguez, que vive en la remota aldea indígena de Río Blanco, en el oeste montañoso del país, donde Cáceres era el rostro de una campaña nacional contra una presa en un río que era sagrado para el pueblo lenca. Y añade: “Fue demasiado para ella. Te lo puedo asegurar.”

La mayoría cree que fue esa campaña contra la presa de Agua Zarca, en el río Gualcarque, la que causó que fuera objetivo de asesinato, uno más de una serie de los recientes asesinatos de activistas ambientales y sociales en Honduras.

Honduras, explica el grupo internacional para los derechos humanos Global Witness, es “el país más peligroso del mundo para defender la naturaleza”. Al menos 109 personas han sido asesinadas por alzarse en contra de presas, minas, explotaciones forestales y proyectos agrícolas en Honduras desde que el golpe militar del 2009 estableció un gobierno que rápidamente recibió el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Global Witness registra todos los asesinatos de activistas medioambientales y por los derechos humanos de todo el mundo, y su último informe reveló que el 2015 fue el año más peligroso para ser activista medioambiental.

Cáceres fue solo la víctima más notoria de una epidemia mundial que registró casi 200 muertes el año pasado. “El medio ambiente está emergiendo como un nuevo campo de batalla por los derechos humanos”, afirma Global Witness. Con el incremento de la demanda de productos como la madera, los minerales y el aceite de palma, las empresas están explotando las tierras sin tener demasiada consideración por la gente que vive en ellas, según indica el informe, que observó que cada vez más “las comunidades que adoptan una postura en contra se sitúan en la línea de fuego de las empresas de seguridad privada, las fuerzas del Estado y un creciente mercado de asesinos a sueldo”.

Y en el 2017, más. Otro antiguo ganador del Premio Medioambiental Goldman, el líder indígena mexicano que se oponía a la explotación forestal ilegal Isidro Baldenegro, fue asesinado a tiros en enero.

Yale Environment 360 ha investigado las circunstancias que rodearon los asesinatos de activistas medioambientales en tres continentes, concretamente casos en Honduras, Malasia y Sudáfrica. Dos aspectos surgieron con fuerza: en primer lugar, la frecuente caracterización de los activistas como ecologistas solo cuenta parte de la historia. Sus campañas van mucho más allá y, a menudo, tienen su raíz en la identidad social de los grupos minoritarios —en el caso de Cáceres, los indígenas del pueblo lenca de Honduras.

Y en segundo lugar, mientras que los matones y gánsteres en solitario a menudo terminan en los tribunales, generalmente existe una conspiración de agentes encargados de silenciar a los activistas. El activista en jefe de Global Witness, Billy Kyte, añade sobre el tema: “Estos no son incidentes aislados, son sintomáticos de un asalto sistemático a las remotas comunidades indígenas por parte del Estado y de agentes empresariales.”

Según los fiscales de Honduras, de las ocho personas detenidas hasta el momento en relación con la muerte de Cáceres, seis tienen vínculos con los servicios de seguridad del Gobierno, incluyendo un escuadrón militar de élite entrenado por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Y dos de los acusados han reconocido vínculos con la empresa hondureña que está detrás del proyecto de la presa, Desarrollos Energéticos, SA, incluido un jefe de seguridad y el encargado de sus políticas medioambientales. Yale Environment 360 ha sabido que los casos contra los acusados se construyen a partir de los registros de las llamadas de teléfono móvil realizadas en el momento del delito.

En un comunicado, la empresa manifestó que “no ha hecho ninguna declaración, ni tiene la intención de hacerla, hasta que las autoridades encargadas de la investigación determinen las causas y los autores de este lamentable incidente”.

Pascualita Vásquez, líder espiritual de la localidad, en el centro Wellness para mujeres en La Esperanza. JEREMY RELPH PARA YALE E360

Cáceres nació en una de las familias más prominentes del pueblo lenca, que vive en las montañas en el oeste de Honduras. Durante los 23 años desde que ayudó a formar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se dedicó a reavivar la identidad cultural y política de los lencas. Su organización, que tiene su bastión en la ciudad de La Esperanza, se ha afianzado y ha hecho oír su voz. Ha establecido un centro de formación, apodado Utopía, y una red de emisoras de radio, La Voz Lenca.

Cáceres se había opuesto a una serie de programas de desarrollo y concesiones otorgados a empresas para la construcción de presas, minas y otros proyectos.

Sin duda era marxista, pero arraigada en la identidad lenca de las montañas, ríos, bosques y vida vegetal de la región.

“Berta era COPINH y COPINH era Berta”, afirma Karen Spring, un activista social canadiense con sede en la capital del país, Tegucigalpa. “Especialmente después del golpe de Estado del 2009, se convirtió en una de las personas más importantes del país. Y más temida. Es por eso que querían matarla.” Se había opuesto a una serie de programas de desarrollo y de “concesiones” otorgadas, a menudo ilegalmente, a empresas privadas para la construcción de presas, minas y otros proyectos.

Cáceres se convirtió también en una figura importante en el creciente movimiento latinoamericano de los pueblos indígenas. Más de 3.000 personas abarrotaron las calles de La Esperanza el día de su entierro. Un año más tarde, la ciudad aún está llena de grafitis anunciando “Berta vive”, y los altares son visibles en las esquinas de las calles. Extranjeros de todo el mundo visitan su tumba en el cementerio de la ciudad. Berta se convierte así en una mártir.

Berta Cáceres en el río Gualcarque en el 2015. CORTESÍA DEL PREMIO MEDIOAMBIENTAL GOLDMAN

La tenacidad política de Cáceres provenía de generaciones de familia política, especialmente entre las mujeres. Para entenderla, he visitado a su madre, de 85 años, madre, Austraberta Flores, con quien vivió hasta los últimos meses. Sus amigos dicen que se alejó de su madre para que no presenciara su inevitable final. Además de tener nueve hijos, Flores era comadrona. Casi todas las personas a las que conocí en La Esperanza afirmaron haber sido traídos al mundo por ella.

Pero también era política: fue tres veces alcalde de la ciudad y congresista en la capital, Tegucigalpa. Promovió en la legislación nacional un código internacional que exigía un consentimiento libre e informado de comunidades como los lencas antes de llevar a cabo proyectos como la construcción de presas y minas en sus tierras. “Todavía es la ley más fuerte que tenemos”, me explica Flores con orgullo.

Ella también había sido activista de primera línea, realizando incursiones periódicas a la frontera con El Salvador durante la guerra civil en la década de 1980 para ayudar a las mujeres combatientes salvadoreñas a dar a luz a sus bebés durante su huida. “Ayudábamos a los salvadoreños a liberarse para que pudieran ayudarnos a liberarnos nosotros”, explica. Y añade:

“Berta creció con la lucha. La veía cada día”, me cuenta Flores. Y añade: “Era su escuela. Sabía que sería importante. Yo siempre la animaba a ser lo que llegó a ser.” Berta y su madre hacían un equipo formidable. Mientras Flores redactaba la legislación sobre la obligación de obtener un “consentimiento libre e informado” antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo, su hija organizó manifestaciones callejeras para apoyar su aprobación.

‘Hemos nacido aquí’, constata una oponente a la presa. ‘Es nuestra tierra y nuestro río. Si perdemos el río, moriremos’.

Flores culpa al Estado de la muerte de su hija. “Ella había presentado 40 denuncias de amenazas en su contra. Sabían que la amenazaban, pero no la protegieron”. Ahora, las hijas de Cáceres, Bertita, de 26 años, y Laura, de 24 años, “tienen la responsabilidad de seguir su lucha”, me dijo Flores.

Gran parte del poder de COPINH radica en la combinación entre el radicalismo político —antimilitarista, antipatriarcal, anticapitalista y antiamericano— y un profundo apego conservador a la cultura y la tierra de los pueblos lencas. En el centro Wellness para mujeres del COPINH, un edificio nuevo y fuertemente custodiado en La Esperanza que acoge a las mujeres que han sufrido abusos e intimidaciones, me reuní con Pascualita Vásquez, de 75 años. Ella ha sido, durante mucho tiempo, la presidenta del Consejo de Ancianos, establecido por Cáceres para revivir las tradiciones culturales y los vínculos con la tierra. Bendicen a los ríos, la tierra antes de la cosecha y las nuevas casas.

“Antes de Berta, nuestras ceremonias se estaban olvidando. Las recuerdo de cuando era niña, pero ya no se hacían”, me explica. Y continúa: “Pero Berta nos enseñó lo importante que era para nosotros rescatar nuestras tradiciones y celebrar ceremonias antes de los debates sobre temas de actualidad como las presas. Reverenciamos a nuestros antepasados, y ahora que Berta está muerta, también la vemos como un antepasado”.

Ahora, la reactivación de los remedios locales a base de hierbas y semillas, por ejemplo de maíz, es primordial para reclamar sus tierras, añadió. Hablamos junto a un altar a Cáceres creado en el centro de la sala, con velas, mazorcas de maíz, piñas y un frasco de agua del río que Cáceres protegía antes de ser asesinada.

Al día siguiente viajé a Río Blanco, la alejada aldea que se convirtió en el centro de la última campaña de Cáceres contra la presa de Agua Zarca. Había sido una lucha violenta y amarga. En el 2013, el activista local Tomás García fue asesinado a tiros por soldados durante unas protestas en un campamento formado por trabajadores chinos a punto de iniciar la construcción de la presa.

La activista María Santos Domínguez fue gravemente herida al ser atacada con un machete por los lugareños que apoyaban el proyecto de la presa. JEREMY RELPH PARA YALE E360

 

Mi anfitriona era la aldeana María Santos Domínguez, líder local de la oposición a la presa. Tenía una horrible cicatriz en el rostro. Explicó cómo los aldeanos se habían dividido entre los que estaban a favor de la presa y los que estaban en contra. Una familia en particular se quejó de que “hablaba demasiado”. Era culpa suya, indican, que la aldea no pudiera desarrollarse económicamente.

“Me vieron pasar por el camino a la escuela de mis hijos un día, y se escondieron hasta mi regreso. Entonces me atacaron con un machete. Había sacado el teléfono para hablar con mi marido. Él lo escuchó todo y vino corriendo. Tenía a mi hijo con él y le dijo: “Están matando a tu mamá”.

Domínguez se pasó seis meses recuperándose en el centro Wellness de La Esperanza. “Estaba al borde del suicidio”, me dijeron los auxiliares. Pero ahora ya ha vuelto a casa, más decidida que nunca. Ella retransmite cada semana desde la estación de radio lenca, desde una ubicación que se mantiene en secreto para evitar ataques.

“Nacimos aquí. Es nuestra tierra y nuestro río”, dijo. Y siguió: “Si perdemos el río, moriremos. Necesitamos su agua para bañarnos, por los peces, por el agua, para nuestros cultivos y animales”.

Me llevó hasta el río, a un desfiladero donde se formaba una tranquila piscina entre dos corrientes rápidos. Es un lugar hermoso y, en términos de ingeniería, un lugar ideal para la presa que hasta ese momento habían podido evitar. Domínguez a menudo se baña con sus hijos en las claras y frías aguas de la montaña. “El río es sagrado para nosotros. Creemos en los espíritus en el río —son tres niñas que nos dan fuerzas para luchar contra los constructores de la presa”, dijo. Para Domínguez y otros se ha convertido en una lucha existencial.

Unos días antes de su asesinato, Cáceres había llegado a Rio Blanco. “Hay gente de la presa en el río, trabajando con maquinaria. Parecía que estaban a punto de empezar a construir. Así que fuimos a verlos”, explicó Domínguez. “Pero la acusaron de alterar el orden y la amenazaron con matarla. Unos días más tarde estaba muerta. Desde entonces, la gente de la presa no ha vuelto al río”.

¿Se construirá algún día la presa de Agua Zarca? Algunos ahora lo dudan. Solo habría proporcionado unos modestos 22 megavatios de electricidad. Después de la protesta por la muerte de Cáceres, inversores internacionales, incluida la financiera holandesa FMO y la finlandesa Finnfund, anunciaron que abandonarían el proyecto. Los chinos también se han retirado. Pero en el resto del territorio lenca, las presas siguen adelante.

“El presidente quiere vender nuestra tierra y nuestros ríos, y el aire limpio de nuestras montañas. Incluso vendería los pájaros de los árboles.”

En la provincia de La Paz, los lencas han estado luchando con una serie de proyectos hidroeléctricos en los ríos montañosos, promovidos por Gladys Aurora López, vicepresidenta del Congreso de la República de Honduras y miembro del derechista Partido Nacional en el Gobierno, y su esposo Arnold Castro. Los proyectos se proponen en montañas que los lugareños afirman que les han quitado ilegalmente. A la líder local Ana Mirian Romero le incendiaron su casa. “Nos llaman indios estúpidos”, afirma la activista de La Paz Margarita Pineda Rodríguez. “Pero estos proyectos no nos ofrecen ningún beneficio, solo la pérdida de nuestros recursos naturales”.

“Estamos asistiendo a la recolonización de nuestro país”, afirma Tomás Gómez Membreño, sucesor de Cáceres como coordinador provisional del COPINH, en la extensa conversación que tuvimos una noche en el centro de formación de La Esperanza. “Cada vez más de nuestros recursos naturales están siendo entregados a corporaciones extranjeras. Y cada vez hay más represión de las personas que se oponen.”

Esta es una comunidad herida. El hermano de Cáceres, Gustavo, que se encontraba por detrás nuestro mientras entrevistaba a su madre, parecía un hombre roto. Otro de sus antiguos lugartenientes, Sotero Chavarría, me dijo que no podía soportar ir al cementerio a ver su tumba.

Pero su tenacidad ante la persistente violencia sigue siendo extraordinaria. En marzo del 2016, apenas dos semanas después del asesinato de Cáreres, otro activista de COPINH, Nelson García, fue abatido a tiros en el exterior de su casa al sur de La Esperanza, después de pasar el día defendiendo el pueblo de lenca contra los intentos de desalojarlo de sus tierras.

Víctor Vásquez fue herido en la pierna por la policía mientras grababa el desalojo en una aldea local en enero del 2017. JEREMY RELPH PARA YALE E360

En julio, la activista y madre de tres niños Lesbia Yaneth Urquia fue hallada muerta cerca de un vertedero en la ciudad de Marcala, con profundos cortes en la cabeza. Un día de octubre, Membreño, coordinador de COPINH, fue tiroteado en la calle, y alguien abrió fuego contra la casa de otro líder local, Alejandro García, mientras él y su familia dormían en el interior.

El día que llegué a Honduras, el activista de La Paz Víctor Vásquez fue herido en la pierna por un policía mientras grababa un desalojo en la aldea de San Pedro de Tutule. “Nos dijeron que esta no es nuestra tierra, pero hemos estado aquí durante 500 años”, me explicaba Vásquez un par de días más tarde en su casa, donde se estaba recuperando. “El presidente quiere vender nuestra tierra y nuestros ríos, y el aire limpio de nuestras montañas. Incluso vendería los pájaros de los árboles.”

Con voz temblorosa, su joven hijo sentado en la cama me cantó una canción de resistencia. En la cima de un alto árbol por encima de su aldea ondeaba una bandera hondureña, su ubicación es un signo de la resistencia indígena, me contó.

Hoy, el modesto bungaló de Cáceres se encuentra vacío. El único signo de su violento fin es una abolladura en la valla de alambre por la que saltaron los asesinos. Un cartel de “Berta Vive” cuelga en la ventana. Algunos quieren que su casa sea un museo de su vida, para sellar su martirio. El río en cuya defensa murió, puede que sea represado o puede que no. Pero la batalla por su legado –y por el futuro de los lencas y sus tierras– continúa.

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Fred Pearce

ACERCA DEL AUTOR
Fred Pearce es un periodista y escritor autónomo asentado en Reino Unido. Colabora como consultor medioambiental para la revista New Scientist y es el autor de numerosos libros, como When The Rivers Run Dry y With Speed and Violence. En sus artículos anteriores para Yale Environment 360, Pearce abordó la cuestión de cómo los pueblos indígenas están usando la tecnología GPS para proteger sus tierras y sobre la promesa de una agricultura climáticamente inteligente“.