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08-03-2016 : Informe

Contabilidad del carbono: seguimiento de las emisiones en el mundo tras el acuerdo de París

A raíz del acuerdo sobre el clima adoptado en París, los países en vías de desarrollo se encuentran ante la necesidad de contar con analistas que sean capaces de supervisar sus emisiones. Aunque se trata de una tarea compleja, hay organizaciones que ofrecen cursos en línea para formar a los nuevos contables medioambientales

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Michael Gillenwater está tan cansado que le bailan las palabras, agotado tras semanas de teleconferencias con las Naciones Unidas, el gobierno alemán y muchos más. “Estoy exhausto”, confirma. A raíz del acuerdo sobre el clima adoptado en París en diciembre pasado, todo el mundo solicita asesoramiento al Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI), la organización sin ánimo de lucro de Gillenwater con sede en Washington, D.C., sobre cómo mejorar la capacidad del mundo en vías de desarrollo para contabilizar el carbono.

El instituto ofrece cursos en línea sobre supervisión de gases con efecto invernadero a los profesionales de todo el mundo. Desde que se alcanzó el acuerdo de París, el negocio avanza a paso ligero. “Estamos entusiasmados”, afirma. “Tenemos la oportunidad de lograr un cambio permanente”.

Puede que la labor de estos nuevos contables medioambientales no suene muy atractiva; el propio término “contables” nos trae a la mente la imagen de una persona con gafas y obsesionada por los números pulsando con el final del lápiz los enormes botones de una calculadora. Pero a esta nueva estirpe de contables pertenecen, en esencia, los supervisores de la última misión de rescate del planeta. No son responsables de contabilizar ingresos y gastos, sino emisiones de fábricas y créditos de compensación de carbono. Actualmente, desarrollan todo tipo de tareas, desde calcular la huella medioambiental de empresas internacionales como Wal-Mart hasta supervisar el carbono fijado en la selva tropical amazónica, pasando por comprobar que las cifras de emisiones de las centrales eléctricas de China se ajusten realmente a lo declarado por el gobierno de aquel país.

El acuerdo de París exige que cada nación se comprometa con sus “contribuciones determinadas nacionalmente” de gases con efecto invernadero. Es sorprendente la diversidad de puntos de referencia y de tipos de objetivos que se plantean para ellas. Según los documentos presentados antes de la conferencia, los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo, prometen multiplicar por cien sus contribuciones de energías limpias para 2021; el Sudán meridional pretende plantar 20 millones de árboles; y las diminutas islas Cook del océano Pacífico se han fijado el impresionante objetivo de reducir las emisiones en un 81 % para 2030. Mozambique ha realizado su promesa en términos de toneladas de carbono en lugar de en porcentaje de emisiones; por su parte, el objetivo de Malasia se mide en intensidad de los gases con efecto invernadero. Prácticamente lo único que tienen en común estas promesas es la necesidad, en ocasiones una necesidad totalmente nueva, de poder supervisar, declarar y comprobar las emisiones.

“Estamos ante una auténtica transformación de dimensiones extraordinarias”, señala Gillenwater. “Antes, básicamente solo declaraban los países ricos; aquellos en vías de desarrollo presentaban informes muy resumidos y breves cada cinco o seis años. Ahora, todos ellos están obligados a declarar datos exhaustivos aplicando los análisis técnicos más actualizados”.

Se trata de una tarea ingente. Pero el Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI) y otras organizaciones están a la altura de este desafío.

La labor de evaluar las emisiones de un país es complicada en extremo. “No se parece a las mecánicas calculadoras de carbono que los usuarios instalan en los iPhones para calcular su huella de carbono”, explica Gillenwater.

Las directrices del GIECC para inventariar las emisiones nacionales dejan mucho espacio a la interpretación.

En el nivel más básico, basta con saber cuánto combustible fósil se quema en las centrales eléctricas y los automóviles y qué extensión de tierra se destina a bosques, cultivos y ganado. Pero, por supuesto, la dificultad radica en los pormenores. Como Gillenwater indica, en los Estados Unidos, un equipo de funcionarios de la administración federal, en su mayoría pertenecientes a la Environmental Protection Agency, trabaja el equivalente de varios puestos de trabajo a tiempo completo para realizar el inventario de las fuentes y los sumideros de gases con efecto invernadero. El borrador del inventario estadounidense para 1990-2014, publicado en febrero de este año, tiene 546 páginas e incluye más de 50 categorías de fuentes, desde la producción de cementos hasta los vertederos.

El Grupo intergubernamental de estudio del cambio climático (GIECC) ha escrito la biblia que explica cómo totalizar las emisiones nacionales. Pero, al igual que la Biblia con mayúscula, es larga, deja mucho espacio a la interpretación y exige analizar los detalles más sutiles.

En palabras de Gillenwater, las directrices del GIECC constituyen una especie de “libro de cocina en cinco volúmenes con varios cientos de páginas” en el que cada contable puede elegir las metodologías y las ecuaciones que son aplicables a su país. Por ejemplo, ¿los contables de una nación deben calcular las emisiones de gases con efecto invernadero del transporte en función de la cantidad de combustible que se consume o de la distancia que recorren los automóviles? Y ¿el tipo de catalizador que se utiliza es importante para el resultado? (Respuesta: depende.)

El GIECC también especifica aspectos tales como el lugar donde han de contabilizarse las emisiones; por ejemplo, si se extrae petróleo en Canadá, las emisiones de la extracción se contabilizan para Canadá, pero el consumo del combustible se contabiliza en la nación que lo haya importado. Las directrices ofrecen asimismo valores predeterminados para elementos tales como la cantidad de biomasa que se almacena en un ecosistema determinado, desde las selvas tropicales caducifolias hasta la tundra o los bosques boreales. Existen innumerables ecuaciones y metodologías distintas para procesar las cifras. Solo en el ámbito forestal, por ejemplo, hay formas de contabilizar los efectos de las inundaciones, el drenaje, las exportaciones de madera o los incendios.

Muchos de los datos que se necesitan para esta contabilidad se basan en las estadísticas nacionales. La mayoría de los países efectúan un seguimiento de sus producciones de carbón mineral o de trigo, por ejemplo, con motivos económicos. Esta información se puede aprovechar para algunos cálculos de emisiones. Pero hay otros aspectos más difíciles de averiguar. Es posible que no existan registros de la producción de gases fluorados en la industria de los semiconductores, por ejemplo, puesto que muchos de los cócteles de sustancias químicas que se utilizan en ese sector son tecnología patentada. “Hay que ponerse al teléfono y llamar a cada empresa individualmente”, asegura Gillenwater.

Además de un paquete especial de formación sobre el acuerdo de París, el GHGMI ofrece cursos por correspondencia de unas 200 horas que permiten obtener diplomas de supervisión de emisiones. Desde su fundación en 2007, unas 3.000 personas de todo el mundo han seguido los cursos del instituto y en este momento hay unas 60 matriculadas para obtener el diploma completo.

El centro nació a raíz del trabajo de Gillenwater con las Naciones Unidas, donde formó a un grupo de élite de unos 100 inspectores encargados de auditar las cifras de emisiones nacionales para cumplir con el Protocolo de Kioto de 1992. Gillenwater observó la necesidad de que los profesionales de niveles inferiores, tales como consultores corporativos o comerciantes del mercado de compensación de carbono, obtuvieran conocimientos semejantes. Ahora, sus alumnos son sobre todo funcionarios de las administraciones públicas de todo el mundo que deben poner al día a sus respectivos países.

No se puede esperar que los países de esta parte del mundo hayan recopilado datos sobre este tipo de temas”.

El GHGMI ha tenido alumnos de unas 150 naciones. Entre ellos, hay personas como Adama Moute, que ayuda a contabilizar la biomasa en el Ministerio de Bosques de Camerún. “En Camerún no tenemos un sistema de contabilización de nuestras emisiones nacionales”, explica Moute, aunque sí hay planes concretos para mejorar la supervisión. Moute ha sido uno de los 30 estudiantes del curso intensivo de cinco días impartido por el GHGMI en la École Nationale des Eaux et Forêts de Mbalmayo, Camerún, en septiembre pasado. “He aprendido muchísimas cosas, pero lo más importante han sido los ejercicios prácticos”, afirma, de recopilación y análisis de datos.

Otros programas funcionan de manera concertada. La U.S. Agency for International Development (USAID), por ejemplo, ha contratado a la empresa ICF International con sede en Virginia para formar a las administraciones pública asiáticas sobre cómo reducir las emisiones de manera sostenible. Joshua Forgotson, responsable técnico sénior de ese programa residente en Bangkok, señala que media docena de países han enviado representantes a las sesiones de formación durante los últimos cinco años, lo que incluye clases presenciales basadas en los cursos del GHGMI. Ahora, explica, el acuerdo de París ha aportado a muchos de estos países asiáticos el incentivo que necesitan para invertir realmente en el seguimiento de las inversiones. “La falta de datos es un problema grave. Estadísticas de población, consumo de combustible, estadísticas de cultivo… no se puede esperar que los países de esta parte del mundo hayan recopilado datos sobre este tipo de temas”, aclara Forgotson. “Es un requisito nuevo. El acuerdo de París ha cambiado las cosas”.

Pero sigue siendo complicado.

Incluso en los Estados Unidos y Europa, donde hace décadas que se realizan informes de emisiones, continúa habiendo aspectos, como las fugas de metano de la industria de la fractura hidráulica, que no todos conocen bien. “En los debates al respecto, se manejan cifras en el rango de diez órdenes de magnitud”, asevera Gillenwater. Philip Fearnside, ecologista del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) de Manaos, Amazonas, Brasil (uno de los países que más se ha esforzado por calcular su biomasa y las emisiones que se ahorran al evitar la deforestación), asegura que las directrices del GIECC no permiten contabilizar correctamente las emisiones de metano de las presas de energía hidroeléctrica tropicales. Sigue siendo preciso investigar para cubrir estas carencias y que los contables sepan qué cifras han de utilizar al realizar y anotar sus cálculos.

Jerry Seager, responsable principal del programa Verified Carbon Standard, un registro de créditos de carbono, advierte de que las cosas se pueden complicar. Si hay muchas cocinas de gas y camiones diésel, por ejemplo, el efecto invernadero del negro de carbón emitido puede ser difícil de cuantificar. “No es posible saber si se depositará sobre un glaciar, por ejemplo”, indica. Por su parte, en la agricultura, las emisiones de los fertilizantes pueden depender en gran medida del grado de saturación hídrica de los suelos.

Sin embargo, matiza Seager, son detalles de poca importancia si se comparan con el panorama global. El desafío, en su opinión, no reside en impulsar la precisión y exactitud de los inventarios nacionales para alcanzar este nivel de detalle, sino en asegurarse de que sea posible realizar una contabilidad razonable “de manera eficiente y económica”.

Varios grupos, tales como las Naciones Unidas, intentan organizar planes de financiación con el fin de aportar dinero y orientación a las naciones en vías de desarrollo y ayudarlas a desarrollar su capacidad de seguimiento de las emisiones. Esto no solo requiere impartir formación, sino también asegurarse de poner en contacto a las personas apropiadas. Por ejemplo, los funcionarios públicos deben establecer conexiones con las universidades cuyos investigadores se dedican a recopilar los datos pertinentes. Además, todos los implicados deben utilizar metodologías compatibles. En ocasiones, lo más difícil es determinar si hay alguien que disponga de tiempo suficiente para incluir este tipo de tareas en su trabajo. “Por mucho que se forme a las personas sobre las directrices del GIECC, los inventarios no van a mejorar necesariamente”, confirma Forgotson. “Es preciso remunerar a las personas por esta labor e incluirla en la descripción de las funciones que desempeñan”.

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Lo que se necesita, según Seager, es un compromiso a largo plazo centrado en ayudar al mundo en vías de desarrollo con esta contabilidad. “Hay que alejarse del modelo en que el consultor visita un lugar, realiza un taller y se marcha”, manifiesta. Gillenwater espera que el acuerdo de París lleve la formación, y la contabilidad, a un nivel superior.

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Nicola Jones

ACERCA DE LA AUTORA
Nicola Jones es una periodista freelance residente en Pemberton, British Columbia, en las afueras de Vancouver. Con conocimientos de química y oceanografía, escribe sobre las ciencias de la física, en gran parte para el periódico Nature. También ha colaborado con medios como Scientific American, Globe and Mail y New Scientist y ejerce de periodista científica residente de la Universidad de British Columbia (University of British Columbia).