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03-05-2016 : Análisis

Cómo están mermando las naciones sus espacios protegidos

Desde hace tiempo, alcanzar el estatus de espacio protegido para hábitats y áreas naturales clave se ha considerado el patrón oro de la conservación medioambiental. Pero las ventajas derivadas de ese estatus peligran cada vez más a causa de la acción de los gobiernos, que redibujan los límites de los parques para poner en marcha proyectos de minería, tala de bosques y otras formas de desarrollo urbanístico.

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Es el más triste de los tópicos en la conservación de la flora y la fauna: cuando los políticos anuncian que van a proteger un hábitat de gran valor “a perpetuidad”, lo que quieren decir realmente es que lo harán hasta que alguien quiera esas tierras.

Hoy en día, las áreas protegidas se reabren tan a menudo bajo la presión del crecimiento económico y demográfico que la tendencia ha llevado a acuñar un acrónimo en inglés, PADDD, que describe la “degradación, la reducción y la desprotección oficial de las áreas protegidas”. Hay incluso un sitio web, PADDDtracker.org, mantenido conjuntamente por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Conservation International.

Michael Mascia, que pasó recientemente del WWF a Conservation International, desarrolló el concepto de PADDD en 2011 “para definir el problema” a nivel internacional, señala, “y para intentar llamar” la atención de los científicos y el público sobre este tema.

El esfuerzo ha empezado a dar frutos, y Julia Marton-Lefèvre, antigua directora general de la International Union for Conservation of Nature, planteó el problema en la revista Science. Tras señalar la reducción del 52 % en las poblaciones mundiales de aves, mamíferos y otras especies desde 1970, advirtió de que la degradación y la desprotección de las áreas protegidas “amenazan la capacidad de las sociedades para abordar el cambio climático, las necesidades de seguridad de los alimentos y la energía, y la sostenibilidad”.

Dar visibilidad a este problema es oportuno ahora, en parte, por el objetivo, establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), integrado por 168 naciones, de ampliar la protección al 17 % de las áreas terrestres y de aguas de interior de la Tierra antes de 2020.

Las acciones de degradación y desprotección han afectado a más de medio millón de kilómetros cuadrados de hábitat en 57 países.

Eso significa que los gobiernos deben proteger un área adicional con un tamaño de más de tres veces la superficie de Texas y hacerlo en los hábitats adecuados en un corto plazo de tiempo. Pero en los últimos años los avances se han estancado en torno al 15,4 % y las acciones PADDD son uno de los motivos.

Según los cálculos de Mascia, a lo largo del siglo pasado las acciones de degradación y desprotección han afectado a más de medio millón de kilómetros cuadrados de hábitat en 57 países. Es una superficie mayor que la del estado de California. Según un estudio de 2014, cuatro países que, de no ser así, ya habrían alcanzado sus objetivos CBD —Namibia, Kenia, Ruanda y Uganda— no lo han hecho exclusivamente como resultado de las acciones PADDD.

Un episodio sucedido en Kenia pone de relieve lo mal que pueden salir estas operaciones. La Reserva Forestal de Mau era hasta hace poco un bosque montañoso intacto situado en el corazón del Gran Valle del Rift y una especie de “depósito de agua natural” para los espectaculares lagos de la zona y para toda la nación. Pero, desde la década de 1990, el gobierno favoreció la destrucción de grandes porciones del bosque y en muchos casos otorgó títulos de propiedad del suelo y concesiones madereras a familiares del presidente Daniel Arap Moi, que dejó el cargo en 2002. La controversia posterior ha dado como resultado desahucios forzosos y ha puesto en peligro el suministro de agua para las comunidades situadas corriente abajo y para ocho áreas naturales, entre ellas la reserva de Masái Mara y el Serengeti.

El esfuerzo por supervisar las acciones PADDD también ha revelado ejemplos inesperados de retrocesos. Brasil, por ejemplo, ha sido hasta hace poco uno de los líderes en la designación de áreas protegidas. En la primera década de este siglo, acumulaba un 74 % de la tierra protegida en todo el mundo, según un nuevo estudio publicado en la revista Biological Conservation, y esa ampliación redujo la deforestación de la selva amazónica en un 37 % en un periodo de tan solo dos años.

Pero cuando la autora principal Shalynn Pack, de la Universidad de Maryland, analizó la situación con más detenimiento, descubrió que había 67 acciones PADDD ya ejecutadas y otras 60 propuestas, una amplia mayoría de ellas realizadas desde 2005 y en el Amazonas. Los proyectos de energía hidroeléctrica y los asentamientos humanos eran las causas habituales. Además, el estudio tuvo que omitir otras 76 acciones PADDD probables relacionadas con la minería porque los datos no eran adecuados.

El seguimiento de esas acciones ha puesto de manifiesto, además, que el desarrollo urbanístico no se limita a rincones remotos y relativamente menores de los hábitats protegidos, cosa que ya sería suficientemente grave. En ocasiones, los intereses comerciales afectan a los tesoros naturales más conocidos del planeta y a algunas de las naciones más prósperas. “Una de las cosas que podemos deducir de nuestro trabajo es que no es un problema específico de los países en desarrollo”, señala Mascia, “no es un problema de países pobres. Es un problema global”.

En Nueva Zelanda, por ejemplo, el Parque Nacional del Monte Aspiring es un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las principales atracciones turísticas del país. Pero en 2009 salió a la luz un documento confidencial en el que unos funcionarios del gobierno recomendaban dedicar aproximadamente un 20 % del parque a la extracción de tierras raras para abastecer a la industria electrónica. El primer ministro John Key argumentó que toda extracción minera que se realizara sería “quirúrgica”. (Solo, respondieron los ecologistas, si su idea de la cirugía incluye la minería a cielo abierto). El plan, que habría supuesto además la degradación oficial de otras más de 40 áreas protegidas de Nueva Zelanda, parece ahora estar muerto. Pero eso durará probablemente hasta el próximo pico en los precios de las materias primas.

El precio del uranio es también lo único que está demorando un proyecto de minería en la Reserva de Caza Selous de Tanzania, otro espacio considerado Patrimonio de la Humanidad. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó de hecho una maniobra del gobierno dirigida a modificar la reserva de manera que los 200 kilómetros cuadrados asignados al proyecto, que antes formaban parte del circuito turístico, quedaran oficialmente fuera del área protegida. Curiosamente, el mismo comité de la UNESCO añadió más tarde Selous a su lista de Patrimonio Mundial en peligro. Además de la mena de uranio, se calcula que la mina producirá al menos 60 millones de toneladas de residuos radiactivos y venenosos para los que no existen métodos prácticos de contención.

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Dave Stroud/Flickr

Los funcionarios tanzanos han aprobado un proyecto de extracción de uranio en la Reserva de Caza de Selous.

Un plan según el cual Uranium One, una compañía minera multinacional con sede en Toronto, debía invertir 800 000 dólares en trabajos contra la caza furtiva en Selous, una zona conocida por las matanzas de elefantes, se ha paralizado, y el gobierno no ha hecho ningún intento de mitigar la pérdida de hábitat ampliando las áreas protegidas en otros lugares. Tampoco tiene previsto contener otro proyecto propuesto que crearía una carretera comercial a través del Serengeti.

Del mismo modo, los funcionarios gubernamentales de la República Democrática del Congo abrieron el Parque Nacional Virunga, su Patrimonio Universal más conocido, a la prospección petrolera. Soco, una compañía británica, se enfrentó a protestas globales y devolvió su permiso al gobierno el año pasado, pero solo después de completar sus ensayos sísmicos y de elaborar un informe, hasta ahora secreto, sobre si resultaría práctico realizar perforaciones prospectivas en el parque. El proyecto aumentó las tensiones con los responsables del parque en una región que ya está azotada por los ejércitos privados, según un científico especializado en conservación que trabaja en la zona y que añade: “El área oriental de la RDC es un polvorín repleto de facciones, y aquello fue echar leña al fuego”.

Catalogar las acciones PADDD no detendrá necesariamente los planes destructivos si los intereses comerciales son lo suficientemente poderosos o si las corporaciones están dispuestas a pagar para salirse con la suya y los funcionarios gubernamentales son débiles. Pero, como cada lugar es diferente y tiene sus propios matices, y como “las personas tienen sentimientos muy intensos con respecto a las áreas protegidas”, señala Mascia, él ha centrado los esfuerzos de PADDDtracker y otras iniciativas relacionadas en la recopilación de datos para que otros investigadores, organismos gubernamentales y grupos de ciudadanos trabajen con ellos.

“La degradación, la reducción y la desprotección oficial de áreas protegidas no son necesariamente negativas”, añade. “En las áreas protegidas vemos cambios debidos a las fuerzas de mercado y a la extracción de recursos a escala industrial, pero también otros causados por las reclamaciones de tierras locales, dirigidos a reparar injusticias del pasado y a paliar las necesidades locales”. A veces, son los mismos responsables de los parques los que desean ajustar sus límites para beneficiar a la flora y la fauna. “La ciencia ha evolucionado y se ha vuelto más compleja con el tiempo.

Queremos trabajar con los gobiernos y no contra ellos”, afirma una bióloga especializada en conservación medioambiental.

Las ubicaciones de los parques que se decidieron hace 50 o 100 años pueden no ser las mejores hoy en día”, explica Mascia.

La experiencia de Namibia deja ver la complejidad de rastrear y entender estos cambios: según PADDDtracker, redujo una reserva de caza de más de 3300 kilómetros cuadrados en 1947. Pero lo hizo para responder a la reclamación de tierras por parte de la comunidad indígena. Además, desde que se independizó de Sudáfrica en 1990, Namibia ha ampliado la gestión comunitaria con especial atención a la flora y la fauna a casi un 20 % de su superficie, además de otro 17 % en parques nacionales. Esta estrategia ha convertido a Namibia en uno de los pocos países del África subsahariana en los que las poblaciones salvajes están creciendo.

Aunque el efecto combinado es pequeño comparado con la propuesta reciente de E.O. Wilson de reservar la mitad de la Tierra para la naturaleza, Mascia señala que algunos otros países están haciendo esfuerzos importantes en el terreno de la conservación que no se inscriben en “áreas protegidas” oficiales y que sin embargo cubren una gran porción del territorio. Es el caso, por ejemplo, de la silvicultura comunitaria de Nepal o del pago por los programas de servicios para el ecosistema de Ecuador y los territorios indígenas de Ecuador, Bolivia y Brasil. “Así que es posible que estemos más cerca del 50 % de lo que podríamos pensar si nos centráramos únicamente en las áreas protegidas”, señala.

Pero la supervisión de las acciones PADDD tendría que convertirse en una práctica estándar, según un estudio de 2015 coescrito por Mascia, aunque solo fuera para entender los cambios del hábitat y evitar los resultados no deseados en los que enormes pagos enmarcados en iniciativas de conservación como el programa REDD+ de Naciones Unidas pueden depender de si un país cuida correctamente de sus bosques, reduce las emisiones de carbono y protege la biodiversidad. O dicho de otro modo: nadie está dispuesto a pagar por la conservación forestal en una parte del país si las acciones PADDD están permitiendo la tala de bosques en otra parte.

Ese estudio urge a los bancos, las industrias extractivas y otros grupos de los sectores público y privado a desarrollar estándares que hagan frente a estas situaciones.

El fin último de realizar un seguimiento de acciones como las del estudio brasileño, añade Pack, de la Universidad de Maryland, es “no ser antagonistas. Queremos trabajar con los gobiernos y no contra ellos”. Eso puede significar, por ejemplo, avisarles del alcance de unos cambios que, de no ser por nosotros, podrían pasar desapercibidos.

También puede suponer impulsar leyes que regulen la degradación o las desprotección oficial de las áreas protegidas, al igual que hay leyes que regulan su creación. Los requisitos para permitir una de estas acciones, afirma, deberían incluir estudios de impacto medioambiental y social, medidas compensatorias y asesoramiento público, con mapas y otras representaciones visuales, además de una explicación comprensible de los cambios propuestos.

El otro objetivo, continúa Pack, “es concienciar al público de que los parques no son permanentes, de que necesitan respaldo público y político para sobrevivir”. Sin eso, las áreas naturales que esperamos legar a las generaciones futuras pueden terminar siendo “vulnerables a cambios legales que las reduzcan, las debiliten o las hagan desaparecer”, concluye.

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Richard Conniff
SOBRE O AUTOR Richard Conniff é um escritor premiado da National Magazine, cujos artigos apareceram nas revistas Time, Smithsonian, The Atlantic, National Geographic e outras publicações. É autor de vários livros, incluindo The Species Seekers: Heroes, Fools, and the Mad Pursuit of Life on Earth. Em artigos anteriores para a Yale Environment 360, escreveu sobre o preço dos serviços ecossistêmicos e sobre os novos avanços que podem ajudar a produzir culturas alimentares capazes de resistir às alterações climáticas.